La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad de las viviendas y edificios es una demanda insistente y consistente del CERMI que hasta ahora ningún Gobierno ha asumido, a pesar de que según los datos más recientes, casi el 70 % de los edificios colectivos de viviendas presentan barreras y obstáculos de entidad para personas con discapacidad y mayores.

 

Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, recuerda que cuando empezó su actual trabajo, hace unos 18 años, ya se hablaba de esta reforma necesaria, “una de las primeras cosas que hice fue un estudio sobre este tema”. Y seguimos igual. “Hemos visto tantas propuestas, de tantos colores, de todos los partidos, en la oposición, en el Gobierno… que el hecho de generar un debate es bueno, nos podrá servir para incidir políticamente en los diferentes grupos para que tomen en consideración la propuesta del CERMI”, asegura.

 

 

Sin embargo, el primer obstáculo ha venido ya de la mano del Gobierno, que ha enviado a la Mesa del Congreso, el pasado 10 de abril, su no conformidad para la tramitación de la propuesta del PSOE, justificando que dicha reforma “generaría un aumento de los créditos presupuestarios”.    

 

Joan Ruiz, Portavoz del Grupo socialista en la Comisión sobre políticas integrales de la Discapacidad en el Congreso, no disimula su estupor cuando comenta la argumentación del Gobierno, que hace unos cálculos muy poco aproximados y exactos para rechazar esta propuesta: “nos hemos encontrado con la cerrazón” afirma. Y explica que  cuando leyó el escrito del Gobierno pensó que habían cometido un error en el cálculo. A su juicio, han hecho las cuentas sin tener en consideración que muchos pisos no necesitan un ascensor, tan solo una rampa, otros ya han acometido las reformas y, en la mayoría de los casos, la idea es que la comunidad de propietarios pueda asumir esa inversión. 

 

El problema es que siempre se escudan en la cuestión económica a la hora de valorar esta reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, y así lo denuncia el asesor jurídico del CERMI: “Argumentan dificultades de orden económico, entendiendo que eso va a afectar a la economía de las familias, de los ciudadanos, evidentemente tendrá impacto, pero nunca se han mostrado oficialmente esos datos ni se han señalado y hay otras obras, otras actuaciones, que son obligatorias y se realizan cada x tiempo, ya sean de mantenimiento, seguridad, ornato…  esas obras se hacen y las comunidades de propietarios se endeudan para afrontarlas, piden préstamos y no ocurre nada, se arbitran medidas para que tenga un impacto menor en la población que pueda tener dificultades a la hora de afrontar esos costes”. Si es que,  “¡Es más fácil colocar una antena parabólica que quitar un  pivote!”, exclama Joan Ruiz.  

 

 

Aunque las proposiciones de ley del PSOE y de Unidos Podemos se refieren a una misma norma, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, no comparten sin embargo la misma línea de reforma, si bien Joan Ruiz afirma que están dispuestos a negociar y a mejorar su proposición si hiciera falta: “Lo que queremos es acabar con el problema y creemos que aportamos una buena solución porque no es de máximos y por eso pensamos que el Gobierno podría aceptarla”. 

 

La proposición de Unidos Podemos es más completa, a juicio de Óscar Moral: “En la línea de lo que el CERMI defiende, ya que elimina cualquier tipo de franquicia o mensualidad cuando las obras sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda viven, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años”.

 

Y además, esta proposición añade una apuesta nueva importante y es que cualquier propietario sin discapacidad ni mayor de 70 años podrá instar a que se realicen obras de accesibilidad y solo requeriría la aprobación de un tercio de los propietarios. Es una gran novedad, según el asesor del CERMI: “Porque sitúa esa aprobación en la línea de los temas de eficiencia energética o telecomunicaciones, en los que se requiere una mayoría inferior“. 

 

Ambas propuestas son “realmente trascendentes”, según palabras de Óscar Moral, aunque lo más importante es “que se abre la espita para poder dialogar y contrastar posiciones”.

 

Isabel Salud, diputada de Unidos Podemos y Portavoz de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, explica la postura de su grupo: “Decidimos registrar esta proposición sabiendo que es polémica, pero nos parecía que teníamos que mover esta situación, ponerla sobre la mesa e iniciar el debate. Los datos indican que hay un porcentaje muy bajo de viviendas accesibles y sabemos que la situación económica de la gente no es muy buena y esto supone un gasto pero a nuestro entender era necesario dar este paso”.

 

Y puntualiza el sentido de la polémica a la que alude: “Es polémica porque con esta propuesta, con un tercio de la vecindad se puede hacer la obra de supresión de barreras y hasta ahora era la mitad, eso quiere decir que será mucho más fácil conseguir que se aprueben las obras”.

 

 

Isabel Salud califica de “terrible” el hecho de que las personas no puedan salir de sus casas porque no tienen ascensores y asegura que todos, cuando seamos mayores, pasaremos por una situación similar, por lo que considera que “es un tema de conciencia y también lo hemos hecho en ese sentido, para abrir brecha”. 

 

También Óscar Moral cree que el envejecimiento está actuando de alguna manera en la toma de conciencia y sin embargo, los gobiernos no terminan de verlo: “Creo que los gobiernos no terminan de ver el proceso de envejecimiento que se está produciendo, y más que se va a producir, y si esas personas no pueden vivir en sus domicilios, las estas expulsando de sus hogares, y ¿dónde van a acabar? En residencias, mucho más costoso que mantenerlos en sus domicilios, si al final lo que pesa es la cuestión económica”.

 

Y entiende el representante del CERMI que en otros casos no existen tantas reticencias: “En el Parlamento se aprueban normas que afectan al día a día de las personas de una manera mucho más potente y todos terminamos por aceptarlas, sin embargo no se da una apuesta decidida por lograr esa accesibilidad en el lugar donde pasamos más tiempo de nuestras vidas, es poco comprensible, siempre están esas reticencias y siempre con motivo de la accesibilidad para personas con discapacidad, porque si observas, se han modificado temas energéticos o medioambientales, que me parece fabuloso, es estupendo, pero para estos otros temas siempre hay reticencias”. 

 

Y aunque la proposición del Grupo Parlamentario Socialista mejora sin duda la norma actual, sigue sin hacer esa apuesta decidida, ya que no elimina del todo las restricciones, algo que sí hace la de Unidos Podemos. En el caso del grupo socialista, se mantiene la opción a la realización de obras que soliciten propietarios en cuya vivienda viven, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años, pero si no exceden de 24 mensualidades ordinarias de gastos comunes (ahora son 12). Solo hay una excepción que anula dicha restricción, si la persona demuestra que reside en esa vivienda al menos desde un año antes.

 

Según Óscar Moral, “si introduces condicionantes, todo se va complicando y da pie a interpretaciones, por eso cuanto más claro mejor”. Y además, según su conocimiento, “con 24 mensualidades tampoco se soluciona la situación más grave, solo las pequeñas o medianas situaciones”.